Federación de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumn@s de Aragón. Juan de Lanuza

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   Contra la Ley de Calidad

 

21 de Marzo de 2003
FAPAR PRESENTA QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO CONTRA LA LEY DE CALIDAD
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (FAPAR)  presentó una Queja ante el Defensor del Pueblo por la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la Educación (LOCE), aprobada por las Cortes Generales  Dicha queja analiza el impacto que la nueva regulación dada por la citada Ley, genera en el ejercicio del Derecho de padres y alumnos a la intervención en la gestión y  control de los Centros sostenidos con Fondos Públicos, reconocido por el art. 27.7 de la Constitución.

            El documento elaborado por FAPAR pone de manifiesto, la profunda restricción de competencias que plantea la nueva regulación, en comparación con la dada tanto por la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 y, posteriormente por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación, y Gobierno de los Centros Docentes (en adelante LOPEG), de los Consejos Escolares, órganos encargados de articular el derecho de intervención reconocido por la Constitución y que se traduce en los siguientes elementos:

Primero.- La LOCE elimina la capacidad decisoria de los Consejos en materias de gran relevancia como la Admisión de Alumnos o la elaboración del Proyecto Educativos del Centro.

Segundo.- Se elimina la posibilidad de los alumnos del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, esto es, los alumnos de 12 a 14 años, puedan ser elegidos como representantes de los alumnos en los Consejos Escolares. 

Tercero.- Pero, sin duda, la principal restricción introducida por la LOCE, consiste en la supresión de la capacidad del Consejo Escolar de elegir al Director del Centro, siendo dicho nombramiento competencia, a partir de ahora, de la Administración.

            Analizada la nueva regulación establecida por la LOCE, desde FAPAR queremos poner de manifiesto que, a nuestro entender, ésta restringe de tal modo las competencias de los Consejos Escolares, que ya no hablamos de una configuración discutible desde el punto de vista político, sino de una clara y manifiesta vulneración del derecho fundamental reconocido por la Constitución a los padres y madres, así como a los alumnos, a intervenir la gestión y control de los centros educativos. Es importante señala que dicha afirmación se basa en la Sentencia del Tribunal Constitucional 77/1985 de 27 de junio de 1985, la cual afirma de modo inequívoco que el referido derecho reconocido en el artículo 27.7 de la Constitución reviste las modalidades propias de toda participación, tanto informativa como consultiva, de iniciativa, incluso decisoria, dentro del ámbito propio del control y gestión, sin que deba limitarse necesariamente a los aspectos secundarios de la administración de los Centros". Esto es, sostiene el TC que dicho derecho implica y comprende el reconocimiento de funciones decisorias y de gobierno de los centros a los órganos, a través de los cuales se articula la intervención de los padres y los alumnos, es decir, de los CONSEJOS ESCOLARES.

            Por otro lado, hacemos mención a la nueva regulación que efectúa la LOCE, en relación con la asignatura de Religión y su alternativa planteada, bajo el nombre de El Hecho Religioso. Desde FAPAR entendemos igualmente, que bajo la idea de ofrecer una alternativa que plantee una visión del fenómeno religioso, se esconde la idea de crear una educación en valores religiosos, sin que quepa alternativa posible que propicie una educación laica que entendemos, hoy más que nunca, imprescindible para afrontar los retos de diversidad que se plantean en nuestra sociedad. de igual manera, FAPAR que la nueva formulación de la enseñanza de religión y su alternativa, quiebra el principio constitucional que reconoce el derecho de padres y madres a formar a sus hijos de acuerdo con los valores éticos y morales que estimen más adecuados.

            Ante estas conclusiones, desde FAPAR, solicitamos ante el Defensor del Pueblo, D. Enrique Múgica Herzog, el AMPARO, ante lo que entendemos constituye un ataque a derechos fundamentales de los padres y alumnos y proponemos que dicho amparo alcance a la interposición de un RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, por parte del Defensor del Pueblo contra la regulación de los Consejos Escolares dada por la LOCE.


           

 

Última actualización de la página: 26/08/10

 

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