A esta conclusión han llegado presidentes de las 45 federaciones y confederaciones de padres y madres de alumnos que integran CEAPA y que se han reunido este fin de semana en Madrid. Fundamentan esta postura en las siguientes razones:

· Las Administraciones educativas deben velar por los intereses de todo el alumnado, incluido aquel cuyas familias no tienen las posibilidades económicas y sociales para orientarle.

· La implantación de esta prueba en junio permitiría mantener el comienzo de curso dentro de las dos primeras semanas de curso, mientras que hacerlo en septiembre condicionaría el inicio de curso previsto para este mes e implicaría un considerable retraso del mismo (de 10 a 12 días), con la consiguiente reducción de días lectivos, lo que va en contra de la posición mantenida por CEAPA en este asunto, tendente a aumentar los días lectivos.

· La implantación de la prueba en septiembre implica, en principio, un mayor tiempo para preparar las materias. No obstante, y siendo esto cierto, esta situación sólo redunda en beneficio de aquellos alumnos que disponen de un cierto nivel económico dentro de sus familias y pueden acudir a academias o profesores particulares, etc. Por el contrario, la fecha de junio permite a todos los alumnos preparar las materias, aprovechando los recursos existentes en los propios centros y con el apoyo y atención del profesorado.

No conviene olvidar que estamos hablando de etapas obligatorias en las que hay que hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades, en las que la escuela debe contribuir a compensar desigualdades sociales y nunca a incrementarlas.

· La celebración de la prueba de recuperación en el mes de junio permite a los alumnos y alumnas disponer de toda la información y tiempo necesarios para determinar sus opciones de matriculación (itinerarios, tipo de bachillerato, etc.) de cara al curso siguiente, mientras que, en caso contrario, quedarían abocados a aquellas opciones en las que quedarán vacantes.

· La posibilidad de disponer de un verano libre de obligaciones académicas puede constituir un acicate que estimule el estudio de las materias a examinar en esta prueba extraordinaria de junio.

Las pruebas extraordinarias, así como las repeticiones, no son de utilidad para el alumnado, si no van acompañadas de medidas de apoyo, y éstas no están previstas en la LOCE, al tratarse de una ley dirigida al alumnado más brillante y que obvia a la inmensa mayoría del alumnado.

Los presidentes de las federaciones y confederaciones de padres que integran CEAPA también han insistido en la necesidad de que los centros educativos ofrezcan los medios adecuados para facilitar apoyos y repasos precisos para la recuperación de las asignaturas suspensas, como garantía de igualdad entre todos los alumnos.

También han denunciado la enorme improvisación del Ministerio de Educación implantando la mencionada prueba, cuando las CC.AA. ya habían cerrado sus calendarios escolares, con los problemas de ajuste que ello conlleva. La competencia de fijar las fechas de estas pruebas, así como los contenidos, nivel de exigencia, etc., corresponde a las CC.AA.