Un
grupo de escolares |
• Un informe encargado por Educació
reclama la ampliación del horario lectivo en la red pública
• El documento propone endurecer el acceso a la profesión
docente y reformar los conciertos
Los expertos convocados por la Conselleria d'Educació para
elaborar un primer documento que recoja las líneas maestras de
la política educativa catalana de los próximos años propugnan
que todos los centros de primaria, tanto públicos como
concertados, ofrezcan 30 horas de clase semanales, de manera
que la Administración amplíe la gratuidad efectiva de la
enseñanza en una hora diaria, de las cinco actuales a seis. La
red concertada ya suele impartirla, pero su coste corre a
cargo de las familias.
El documento, que quiere ser el esqueleto de un Pacto Nacional
por la Educación que cuente con un amplio respaldo social y
tenga una aplicación práctica a través de una ley catalana de
educación, prevé que los conciertos se adapten a la
singularidad de cada escuela, mediante la suscripción de
contratos-programa individualizados; que todos los colegios
permanezcan abiertos al alumnado desde el 1 de septiembre al
30 de junio, y que los licenciados no pueden ocupar una plaza
como maestro o profesor hasta que hayan superado un periodo de
prácticas retribuidas de un año durante el que sería evaluada
su idoneidad.
NECESIDAD DE CAMBIOS
El trabajo, de más de 60 páginas, en el que han participado 27
especialistas de las diferentes temáticas que aborda, fue
presentado públicamente ayer en la sede del Instituto Nacional
de Educación Física (INEF) de Barcelona. La consellera de
Educació, Marta Cid, advirtió antes de dar a conocer el
documento: "Si realmente queremos un cambio real del sistema
educativo se necesitan transformaciones estructurales de
fondo". Cid avanzó que la versión definitiva del informe, que
ahora se abre al debate social, estará lista en mayo.
EL FUNCIONARIADO
Entre las propuestas más innovadoras figura, en el apartado
dedicado al profesorado, la exigencia de que los maestros
tengan un título de licenciado (actualmente basta el
diplomado), o su equivalente en el nuevo marco universitario
europeo (master), y que el acceso al funcionariado a través de
las oposiciones no se centre básicamente en un examen de
contenidos. Se trataría de valorar ciertas habilidades, como
la capacidad de exponer un tema, y las calificaciones
obtenidas en los estudios. Para ser nombrado funcionario de
carrera no sólo habría que ganar la oposición, sino haber
ejercido de forma satisfactoria como funcionario en prácticas
durante un curso.
El capítulo dedicado a los profesionales de la docencia, que
ha sido coordinado por el catedrático de Filosofía de la
Universitat de Girona Josep Maria Terricabras, incluye un
alegato contra el concepto tradicional de funcionario. Esa
figura "no parece compatible con la noción de función docente
exigible para el siglo XXI. Conviene superar el concepto de
plaza en propiedad definitiva, muy del siglo XIX".
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Los especialistas recomiendan un modelo más flexible "con la
garantía de una estabilidad mínima en el centro y con la
obligación de no cesar voluntariamente durante cierto
periodo".
El documento aboga por la creación de un servicio público
educativo, formado por la red pública y la concertada, que
garantice a ultranza la igualdad de oportunidades. Y proclama
que todas los centros sostenidos con fondos públicos han de
tener un horario equivalente, han de recibir un trato idéntico
de la Administración y han de tratar de generalizar sus
actividades extraescolares al margen de las posibilidades
económicas de las familias.
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