Ante la forma en que se
ha venido desarrollando el proceso de escolarización para el
próximo curso en la ciudad de Huesca, desde la Federación de
Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (FAPAR), queremos
manifestar nuestro profundo desacuerdo con algunas de las
actuaciones desarrolladas desde el Servicio Provincial de
Educación.
En primer lugar, como participantes en la Comisión de
Escolarización queremos manifestar nuestra contrariedad ante
ausencia de información recibida por parte del Servicio
Provincial, respecto a la asignación de alumnos no admitidos
en primera instancia y los criterios seguidos en relación con
este proceso. De esta forma, el Servicio Provincial de
Educación en Huesca, ha tomado medidas relacionadas con
alumnos que no han obtenido plaza en los centros solicitados,
sin la participación de la Comisión de Escolarización, que fue
informada a posteriori. En este sentido, conviene recordar que
el Decreto 135/2002 de 17 de abril establece, entre las
competencias de las Comisiones de Escolarización, el “Adoptar
las medidas necesarias para la escolarización de los alumnos
que no hayan obtenido plaza a través de los órganos
correspondientes de los centros educativos”. P0r ello
entendemos que la adopción de medidas unilaterales, por parte
del Servicio Provincial quiebra lo dispuesto en la normativa
autonómica sobre escolarización.
En segundo lugar, desde FAPAR nos oponemos de forma clara al
aumento de unidades en centros de la red concertada para
Educación Infantil. Así, los padres y madres de la escuela
pública, consideramos que deben priorizarse los aumentos de
unidades en la Escuela Pública, máxime cuando en este mismo
proceso se acabarán eliminando unidades en centros públicos
por falta de demanda. Igualmente, queremos recordar, que el
Acuerdo de 17 de abril de 2002, por el que se generalizan los
convenios para la educación infantil de 3 a 6 años con los
centros concertados, contemplaba el compromiso de no aumentar
el número de unidades ya existentes en estos centros, por lo
que nuevamente se incumple la normativa al respecto.
Finalmente, queremos denunciar que no se ha cumplido, con la
obligación por parte de las autoridades públicas, de promover
una distribución equitativa entre los centros de la red
pública y concertada, de los alumnos desfavorecidos y con
necesidades educativas especiales. Así, lejos de este
compromiso, encontramos centros públicos, donde existe un
importante porcentaje de alumnos desfavorecidos, que no se
corresponde con la realidad social de la zona, variando las
condiciones educativas y, por ende, alterando la igualdad
necesaria para poder ejercer libremente, el derecho a la libre
elección de centro.
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