Los
grupos de la Iglesia no tendrán que regirse con democracia
interna o rendir cuentas
El
Congreso de los Diputados aprobó ayer con los votos del PP,
CiU, PNV y CC, el proyecto de ley orgánica que regula el
derecho de asociación. La norma libera expresamente de su
cumplimiento a las asociaciones de la Iglesia católica,
como Cáritas o Manos Unidas. De este modo, frente al resto
de asociaciones laicas y no católicas, las de la Iglesia
quedan eximidas de los requisitos que impone la nueva ley,
como la democracia interna y la rendición de cuentas.
Tampoco se verán, como las demás, obligadas a no
discriminar a las mujeres o a las minorías étnicas para
recibir ayudas del Estado. El PP sustentó ayer esta
exclusión, duramente criticada por el PSOE e IU, en el
Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979 que, por su
carácter de Tratado Internacional, considera por encima de
las leyes nacionales.
El
Congreso remitió ayer al Senado el proyecto de ley que
desarrolla el artículo 22 de la Constitución. Respaldaron
el proyecto el Partido Popular, CiU, Coalición Canaria y el
PNV. Enfrente, PSOE e IU destacaron su desacuerdo por la
“discriminación” que incorpora. Hasta ahora, todas las
asociaciones estaban reguladas por una ley
preconstitucional, aprobada en 1964, y que ha sido modulada
por múltiples sentencias del Constitucional.
El
nuevo proyecto de ley, en su artículo 1.3, ha incorporado
una enmienda del PP que ha desatado la principal crítica de
los partidos de izquierda y su voto en contra. Dice
literalmente: “Se regirán por su legislación específica
(...) las asociaciones de la Iglesia católica que hayan
adquirido personalidad jurídica civil de conformidad con lo
dispuesto en la ley”. Equipara así a las ONG católicas
con los partidos, los sindicatos, las organizaciones
empresariales, las federaciones deportivas, las asociaciones
de consumidores o la propia Iglesia, es decir, con
organizaciones que sí tienen leyes específicas que las
regulan.
Un
portavoz del Ministerio del Interior, que ha elaborado la
ley, mantiene que esa exención era obligada por
“coherencia” con el Acuerdo de 1979 con la Santa Sede y
la legislación específica que las regula es, precisamente,
ese acuerdo con el Vaticano.
Privilegio
Los
diputados del PP Jesús López Medel y José Antonio
Bermúdez de Castro, ponentes de esta ley, abundan en ese
argumento. “No hay ningún privilegio para las
asociaciones de la Iglesia católica ni se las excluye de
nada porque ya estaban excluidas del trato general”,
aseguró López Medel en la tribuna. “No es privilegio
sino trato distinto”, apostilló Bermúdez de Castro.
Los
ponentes del PSOE, Leire Pajín y Diego López Garrido,
mantienen la tesis opuesta. “Creemos que esta exención es
inconstitucional y potenciará múltiples picarescas”,
aseguró Pajín. Con esta ley, añadió, “las asociaciones
católicas no estarán sujetas a los principios
democráticos y de transparencia, pero seguirán compitiendo
en el reparto de subvenciones públicas”. López Garrido
va más allá. Dice que la ley incumple el acuerdo con la
Santa Sede pues en éste se diferenciaba entre las órdenes
y congregaciones religiosas, “sujetas a la legislación
canónica”, de las asociaciones católicas que debían
someterse a “lo dispuesto en el ordenamiento del
Estado”. Añade que la ley deja a las asociaciones
católicas “en el limbo”.
Frente
a esta opinión, el presidente de la Plataforma de ONG de
Acción social, Josep Gassó, también defiende el proyecto:
“La ley nos parece positiva porque recoge el 99% de lo que
hemos estado negociando con el Gobierno. Nos hubiera gustado
un acuerdo de todos los partidos, pero no vemos razones de
calibre para la postura del PSOE”. Asimismo, Silverio Agea,
secretario general de Cáritas, la mayor asociación
católica, señala que “la ley no representa cambio
alguno” para ellos. “Pese a que nos excluya de cumplirla
en algunos temas, nosotros vamos a mantener la línea de
transparencia y de democracia que nos caracteriza. Tenemos
una asamblea anual, un consejo cada trimestre, comisiones
permanentes, todo el dinero público que recibimos lo
auditamos”. Y concluye: “Creo que el problema se ha
magnificado, pues la ley representa un consenso del 90%”.
La
ley regulará unas 240.000 asociaciones que deberán cumplir
una serie de normas que garantizan su transparencia y
democracia interna y que, en resumen, son las siguientes:
-Tendrán
que aprobar un acta fundacional, en la que se comprometerán
a cumplir fines lícitos, votar estatutos que “garanticen
el funcionamiento democrático de la asociación” y
designar sus órganos de gobierno.
-Se
prohíben las asociaciones secretas y paramilitares.
-Deberán
inscribirse en el Registro y hacer públicos sus estatutos y
sus fines.
-Celebrarán
una asamblea anual, y llevar la contabilidad al día
accesible a los socios.
-Quedan
regulados los derechos y deberes de los socios, por ejemplo
a ser oídos o a impugnar los acuerdos.
-Las
Administraciones Públicas se comprometen a promover las
asociaciones que promuevan “objetivos de interés
general”, como “valores constitucionales, derechos
humanos, cooperación para el desarrollo, promoción de la
mujer, de la infancia o fomento de la igualdad de
oportunidades y la tolerancia”.
-Los
poderes públicos no facilitarán ayudas a las asociaciones
que “discriminen a las mujeres o a las minorías
étnicas”.
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